Por Juan Pablo Ojeda
La tensión entre la administración del presidente Donald Trump y la Universidad de Harvard se intensificó este viernes, luego de que el mandatario republicano reiterara su intención de revocar el estatus de exención de impuestos que ostenta la prestigiosa institución académica.
«Vamos a retirarle a Harvard su estatus de exención de impuestos. ¡Es lo que se merecen!», escribió Trump en su red social Truth Social, en una nueva ofensiva contra la universidad, a la que acusa de promover “enfermedades políticas, ideológicas y de apoyo al terrorismo”.
La controversia se remonta al pasado 15 de abril, cuando el presidente lanzó por primera vez la amenaza, argumentando que Harvard no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo en su campus. Desde entonces, la Casa Blanca ha adoptado medidas punitivas, entre ellas la congelación de 2.200 millones de dólares en fondos federales destinados a la institución.
El centro educativo, por su parte, ha rechazado categóricamente las acusaciones. En un comunicado a CNN, un portavoz universitario afirmó que “no existe base legal para rescindir el estatus de exención de impuestos de Harvard” y advirtió que una acción de esa magnitud “pondría en peligro su capacidad de llevar a cabo nuestra misión educativa”.
Entre las demandas de la Administración Trump figura la eliminación de los programas de diversidad y la implementación de mecanismos para monitorear la ideología de los estudiantes extranjeros. Harvard ha señalado que no cederá ante estas presiones y que continuará defendiendo sus principios fundamentales, incluidos la libertad académica y la inclusión.
La universidad también ha sido blanco del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, creado por el propio Trump, el cual ha acusado a varias instituciones académicas de mantener políticas de «discriminación positiva» que, según el Gobierno, limitan la «diversidad de ideas» en los campus.
La escalada entre el poder ejecutivo y una de las universidades más influyentes del mundo podría tener implicaciones de largo alcance no solo para el financiamiento de la educación superior en EE. UU., sino también para el debate sobre la autonomía universitaria y la libertad de expresión en tiempos de creciente polarización política.