Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este jueves que la deuda derivada del rescate bancario conocido como Fobaproa no podrá eliminarse de un día para otro, ya que implica compromisos financieros complejos y consecuencias económicas graves para el país. Según informó, dicha deuda continuará pagándose hasta el año 2050.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria presentó un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que detalla las irregularidades en la creación y manejo del Fobaproa, entre ellas, la falta de reglas de operación y decisiones tomadas de forma discrecional, lo que derivó —según Sheinbaum— en actos de corrupción de gran magnitud.
“Los bonos del IPAB no se pueden dejar de pagar simplemente. Cualquier decisión en ese sentido tendría implicaciones muy importantes para la economía nacional, pero es fundamental que el pueblo de México entienda de qué se trata esta deuda”, señaló.
La presidenta adelantó que el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador, acudirá próximamente a una mañanera para detallar los montos actuales, pagos realizados y las proyecciones hacia 2050. “Es un porcentaje menor al que se pagaba antes, pero es un compromiso que se mantiene vigente y que afecta directamente al erario”, dijo.
Sheinbaum también hizo hincapié en que el problema central del Fobaproa no fue solo el rescate en sí, sino la socialización de deudas privadas, es decir, el uso de recursos públicos para absorber deudas de bancos y empresas privadas sin criterios transparentes.
“Lo grave no es solo que convirtieron deudas privadas en deudas públicas, sino que se hizo sin reglas claras, de forma discrecional y con corrupción. La ASF lo confirma: no hubo lineamientos para decidir a quién se le pagaba ni cuánto. Fue un proceso opaco y profundamente injusto para el pueblo de México”, sostuvo.
La posición de Sheinbaum marca un giro discursivo que busca reivindicar la exigencia histórica de transparencia en torno al Fobaproa, mientras admite que la deuda heredada debe seguir pagándose para evitar consecuencias mayores en los mercados financieros y en la credibilidad internacional del Estado mexicano.