Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que detuvo la ejecución de una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señalado por presuntos delitos de corrupción y desvío millonario de recursos públicos.
De acuerdo con información publicada por Milenio, el recurso fue promovido por Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC). La impugnación fue presentada contra la medida cautelar otorgada por un juez federal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
Ahora, será un Tribunal Colegiado el que revise la legalidad de la suspensión en un plazo de 48 horas, y determine si estuvo correctamente sustentada y si procede la garantía de 52 mil pesos que detuvo, por ahora, la captura del exmandatario.
Acusaciones por daño patrimonial millonario
Silvano Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, enfrenta señalamientos por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR acusa al exgobernador y a cuatro de sus excolaboradores de haber causado un daño patrimonial estimado en 3,400 millones de pesos, derivado de la compra a sobreprecio de varios cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
El caso ha escalado en el sistema judicial mexicano, con cuatro exfuncionarios ya vinculados a proceso, y un plazo de tres meses otorgado por una jueza federal para el desarrollo de la investigación complementaria.
Este episodio representa uno de los casos más relevantes de presunta corrupción en administraciones estatales recientes, y ocurre en un contexto donde el gobierno federal ha intensificado su narrativa contra el uso indebido de recursos públicos en gobiernos anteriores.