Con una influencia en la administración pública y sector financiero privado, la consultora financiera Altor, fundada en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, quien fuera subsecretario de Hacienda en la administración de Enrique Peña Nieto, ha obtenido más de 30 contratos públicos durante el actual sexenio.
Al ser uno de los principales actores en asesoría financiera para el gobierno federal y estados en la administración de la Cuarta Transformación, entre sus contratos destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.
Lo anterior de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO, donde la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta firma además de Aportela, participan Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y de Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador.
La firma también se ha hecho presente en la reestructuración de deuda en las entidades de Jalisco, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sonora, Durango, Estado de México y Nuevo León, donde ha recibido pagos por más de 134.8 millones de pesos. En Jalisco, el contrato por asesoría financiera ascendió a 78.9 millones de pesos, mientras que en Oaxaca se pagaron 3.4 millones por la contratación de créditos a corto plazo.
Asimismo, la firma incursionó en la adquisición de empresas en dificultades financieras, así en 2023, adquirió los derechos litigiosos del Ingenio Puga y la empresa Copaco, en Nayarit, en medio de un proceso concursal. A través de Altor Capital I y II, se convirtió en acreedora mayoritaria, al comprar deudas por aproximadamente 5 millones de dólares.
El caso del Ingenio Puga está bajo análisis judicial, con una resolución pendiente sobre la viabilidad de un convenio concursal aprobado por la mayoría de los acreedores, que favorecería a Altor.
Por otra parte, su casa de bolsa —la única autorizada en este sexenio— fue inaugurada con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así a través de ésta y con el uso de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) listado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), captó 2,500 millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura del gobierno federal.
Desde 2019 la firma se ha visto favorecida incluso estando inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que fue sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además de aparecer como contribuyente incumplido ante el SAT, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
