Por Bruno Cortés
Esta semana, las diputadas federales por Nuevo León —Adriana Quiroz Gallegos, Patricia Palacios Medina, Olga Leticia Chávez Rojas, Petra Romero Gómez y quien escribe— tuvimos una reunión bastante reveladora con representantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, mejor conocida como CAINTRA. No fue una charla cualquiera. Llegaron con números bajo el brazo, con datos que nos pintan una radiografía puntual de lo que viven las empresas cuando mueven mercancías por las carreteras del país.
La buena noticia primero: los robos al transporte de carga bajaron en 2024 respecto al año pasado. CAINTRA nos dijo que el 42% de las empresas encuestadas reportaron ser víctimas de algún robo este año, frente a un 58% en 2023. ¿Significa que ya estamos bien? Para nada. Que 4 de cada 10 empresas aún estén siendo afectadas en sus rutas no puede ser un “logro” que celebremos sin reservas. Sobre todo porque los costos que esto implica, aunque se hayan reducido un 57.5% en comparación con el año anterior, siguen siendo un peso enorme para la productividad y la competitividad.
Nos mencionaron las rutas más peligrosas: México-Querétaro, México-Puebla, el Arco Norte y la famosa carretera 57. Son las arterias del país, los caminos que conectan el norte con el centro y el sur, y que muchas veces parecen más zona de guerra que vías de comercio. Puebla, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León destacan como los estados donde más se concentran estos asaltos. No es coincidencia, son entidades industriales y logísticas clave para todo el país.
Y ojo, los robos no solo se miden en la pérdida del tráiler o la mercancía. Las empresas pagan más por seguros, invierten en reparar camiones dañados, enfrentan retrasos que afectan la cadena productiva y, lo más grave, tienen que apoyar a operadores que fueron víctimas del crimen. Estamos hablando de choferes que ponen en riesgo su vida cada vez que se suben a la cabina para cumplir con su ruta.
Desde el Congreso, y particularmente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, estamos trabajando con nuevas legislaciones en temas de Seguridad Nacional, Inteligencia e Investigación. No es sólo una cuestión de castigar, sino de prevenir, de coordinar esfuerzos y de escuchar a quienes viven el problema todos los días.
Por eso la importancia de sumar al sector privado, no como simples observadores, sino como actores corresponsables en la seguridad del país. Las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, son espacios donde esa colaboración puede y debe suceder. Si las empresas, los gobiernos locales, el federal y el Congreso trabajamos juntos, sí se puede avanzar.
Un México más seguro no se construye solo desde el escritorio. Se construye en el Congreso, sí, pero también desde los caminos que cruzan el país de punta a punta. Porque mover mercancías sin miedo es también mover la economía, generar empleo y dar certeza a millones de familias.
Seguiremos escuchando, legislando y empujando, porque la seguridad no es una promesa de campaña: es una obligación de todos los días.
